En un año marcado por la pandemia, la digitalización fue un asunto obligado para usuarios particulares, instituciones y empresas. En tiempo récord, y con poca atención a la ciberseguridad, una gran cantidad de servicios aumentaron los puntos de acceso y el tráfico de datos por Internet. En otras palabras, el 2020 fue el escenario perfecto para que los ciberdelincuentes pusieran en marcha sus tradicionales -pero también más innovadoras formas de ataques- ante un creciente número de usuarios desprevenidos.
La ciberdelincuencia es un tema, qué duda cabe, preocupante. La Europol define ciberataque como “Cualquier delito que solo se puede cometer utilizando ordenadores, redes informáticas y otras formas de tecnología de comunicación de la información (TIC)”. Por ello, conforme avanza la tecnología, el parque de usuarios y la digitalización de un sinnúmero de actividades y operaciones de la vida cotidiana, es esperable que surjan nuevas vulnerabilidades que son aprovechadas por los cibercriminales.
Entre los cibercrímenes más comunes podemos encontrar, de manera masiva y consolidada, una amplía tipología: desde los ya clásicos virus hasta el denominado malware, que son programas informáticos concebidos “de manera específica para infiltrarse en un dispositivo o para dañarlo sin que sepa su dueño”. Acá encontramos, entre otros, los troyanos y gusanos, pero también el spyware o software espía, que es capaz de transmitir datos desde un ordenador a otro sin autorización del usuario.
El phishing, en tanto, también se ha masificado. Se trata de una técnica consistente en suplantar la identidad de alguna institución o empresa que maneja datos confidenciales de los usuarios, por ejemplo, un banco, y así solicitarles números de cuenta, nombres de usuario y contraseñas que le permitirán al atacante perpetrar algún fraude.
En el ámbito de la industria privada y las instituciones públicas, por su parte, se han vuelto frecuentes los ataques ransomware. Estos operan con un software capaz de “secuestrar” información de los usuarios, por la que luego se cobran millonarios rescates que permiten liberarla.
Y, por último, podemos mencionar los ataques DDoS, que, aunque suelen ser menos agresivos que los recientemente descritos, son molestos y también pueden generar importantes pérdidas ya que “provocan que las redes o sistemas de empresa y organizaciones no estén disponibles para los usuarios”.
Con todo, este listado está lejos de ser definitivo. El mundo del cibercrimen es altamente dinámico; siendo común que, de tanto en tanto, emerjan nuevas formas de criminalidad digital.
Y es precisamente lo que ocurrió el 2020. En un año marcado por la pandemia, la digitalización fue un asunto obligado para usuarios particulares, instituciones y empresas. En tiempo récord, y con poca atención a la ciberseguridad, una gran cantidad de servicios aumentaron los puntos de acceso y el tráfico de datos por Internet.
En otras palabras, el 2020 fue el escenario perfecto para que los ciberdelincuentes pusieran en marcha sus tradicionales -pero también más innovadoras formas de ataques- ante un creciente número de usuarios desprevenidos.
Si es por mencionar las tendencias en el cibercrimen, el pasado 2020 nos da algunas pistas en función de los explosivos aumentos en los ataques a páginas o aplicaciones web -situación predecible por el masivo uso de aplicaciones en pandemia-, junto con operaciones denominadas como abuso de credenciales o credential stuffing -en inglés.
Ambos tipos de ataque registran un inquietante crecimiento en un sector en particular: el de los videojuegos. Así lo reveló un reciente informe de investigación publicada por la agencia especializada Akamai Security.
Y aunque este informe trata sobre un sector bien específico que podría ser materia de interés del público gamer, lo cierto es que los datos levantados por la investigación de Akamai son de amplia relevancia, ya que sirven como muestra representativa del estado del cibercrimen en general, dando cuenta de tendencias que, muy probablemente, extenderán su incidencia más allá del sector videojuegos.
Veamos esto en detalle.
Con respecto a los ataques a páginas o aplicaciones web, lo primero es señalar que estos consisten en acciones maliciosas que se sirven de funciones que suelen estar presentes en distintos sitios web, tales como las herramientas para iniciar sesión o aplicaciones para llevar a cabo una compra en el comercio electrónico. También caben en esta categoría los desvíos de las páginas web oficiales a páginas fraudulentas especialmente diseñadas para cometer ilícitos.
Según Akamai, se han contabilizado más de 240 millones de ataques web durante el 2020. Si vamos al detalle, de la totalidad de los ataques, más de la mitad de ellos (59%) correspondió a casos de inyección de SQL (SQLi), técnica que opera nutriendo “servidores vulnerables y/o aplicaciones móviles con elementos maliciosos para inyectar un código dañino”.
En segundo lugar, se registra un 23% de ataques basados en inclusión de archivos locales (LFI), acciones que tienen como resultado un “fallo en la programación de la página, filtrando inadecuadamente lo que se incluye al usar funciones en PHP para incluir archivos”.
El 7% y 6% de ataques restantes, en tanto, se repartieron entre scripts de sitios (XSS) e inclusión de archivos remotos (RFI) respectivamente.
En términos globales y comparativos, esto supone un aumento de un 340% en relación al año inmediatamente anterior. Y aunque, como advertíamos más arriba, la digitalización masiva que impulsó la pandemia fue un verdadero caldo de cultivo para el cibercrimen, el aumento en la cantidad de ataques no deja de impresionar. De hecho, hubo un día del mes de julio que registró casi 15 millones de ataques.
En cuanto al denominado credential stuffing o, en español, abuso de credenciales, el 2020 registró cerca de 20 millones de ataques de este tipo, lo que representa un aumento de un 224% respecto al año 2019.
Este tipo de ataques consiste “en el uso sistemático de botnets por parte de los hackers para probar datos de inicio de sesión robados en toda la web”. Con esos datos en su poder “Los hackers dirigen estos ataques a las páginas de inicio de sesión de bancos y retailers, sabiendo que muchos clientes utilizan las mismas credenciales de inicio de sesión para varios servicios y cuentas” -aclara el sitio IT Digital Security.
Una tendencia inversa registra los ataques DDoS al sector videojuegos. Estos habrían disminuido un 20% en el mismo periodo. Sin embargo, aún son un asunto preocupante, ya que el 50% del total de estos ataques son, precisamente, contra este sector.
Fuentes utilizadas en este artículo:
https://www.cde.ual.es/ficha/ciberseguridad-las-cinco-principales-amenazas-ciberneticas/
https://www.redeszone.net/tutoriales/seguridad/que-es-credential-stuffing/
https://www.redeszone.net/tutoriales/seguridad/tipos-ataques-aplicaciones-web/
https://www.giztab.com/peligros-videojuegos-aplicaciones-seguridad-estafas/
https://www.welivesecurity.com/la-es/2015/01/12/como-funciona-vulnerabilidad-local-file-inclusion/
https://www.genbeta.com/web/son-los-ataques-ddos-efectivos-como-medio-de-protesta
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Tempranamente, en el año 2004, los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), en un acto adelantado para la época, aprobaron un marco regional coordinado denominado “Estrategia Interamericana Integral para Combatir las Amenazas a la Seguridad Cibernética”. Con estos lineamientos se generaba una pionera instancia de cooperación internacional que, hasta el día de hoy, promueve el intercambio de información, la protección de infraestructura tecnológica y la capacidad de respuesta y resiliencia de los Estados firmantes”.
Es un hecho evidente para todos. La vida cotidiana se digitaliza en cada uno de sus áreas de actividad: la comunicación con familiares y amigos, el entretenimiento, el trabajo, el consumo, etc. Hoy, para gran parte de la humanidad, muchas horas del día transcurren en entornos digitales. Esta transformación a la que se ha solido llamar revolución digital, parece llegar a su clímax con la pandemia del Covid-19 que, por obligación sanitaria, nos ha exigido abrazar la tecnología, a todo nivel, sí o sí.
Pero esta nueva normalidad en la que lo digital toma un inédito protagonismo, aunque supone una serie de nuevas oportunidades y enriquecedoras experiencias, no está exenta de riesgos. Nada raro: en la medida que migramos nuestra actividad cotidiana a la red, ya sea por desconocimiento de nosotros mismos, los usuarios, o por debilidades en los sistemas y plataformas que utilizamos, al igual que en el mundo material, nos vemos expuestos a ciertas vulnerabilidades. De estas amenazas, tal vez la que suscita mayor preocupación es la denominada ciberdelincuencia.
Este concepto es amplio y agrupa una serie de actividades delictivas que van desde la ya clásica difusión de virus que dañan nuestra información, pasando por estafas como el phishing; el robo y secuestro de datos como es el caso del ransomware; la pornografía infantil y delitos contra la propiedad intelectual; entre otros.
Los países del norte global, sobre todo las potencias, suelen manifestar abiertamente su preocupación por un fenómeno en alza. Es que como lo ha señalado Pawel Herczynski, Director Gerente de Política Común de Seguridad y Defensa y Respuesta a Crisis del Servicio Europeo de Acción Exterior, los ciberataques
“no sólo amenazan las economías, sino también el funcionamiento mismo de nuestras democracias, libertades y valores. Nuestra seguridad futura depende de que sepamos transformar la capacidad para protegernos contra las amenazas cibernéticas: tanto la infraestructura civil como la capacidad militar dependen de sistemas digitales seguros”.
De ahí que, con algo de preocupación, surja la pregunta: ¿Cuál es el estado de la ciberseguridad en América Latina? Pues bien, una revisión a la situación puede arrojar bastantes sorpresas.
Primero que todo cabe señalar que América Latina cuenta con una alta tasa de conectividad, sobre todo en las zonas urbanas donde, según un estudio publicado a meses del inicio de la pandemia por el IICA, el BID y Microsoft, el 71% de la población ya cuenta con acceso a Internet. En las zonas rurales, no obstante, existe un notorio rezago con menos de un 37% de acceso.
Sin embargo, en términos absolutos, la conectividad en la región alcanza un nada despreciable 68% que supera ampliamente el promedio global de un 40% y marca una amplia brecha con otras regiones en desarrollo como es el caso de África que cuenta con solo un 18% de su población conectada a Internet.
Estos niveles de conectividad que dan cuenta de ciertos grados de lo que la CEPAL ha denominado “consolidación de trayectorias tecnológicas”, no son casuales. Desde la irrupción del Internet comercial en los años noventa del pasado siglo, los gobiernos latinoamericanos han sido actores fundamentales en la masificación de la conectividad a la red por medio del diseño e implementación de políticas que ampliaron las infraestructuras y facilitaron el acceso a dispositivos; inicialmente ordenadores.
Es por ello que, tempranamente, en el año 2004, los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), en un acto adelantado para la época, aprobaron un marco regional coordinado denominado “Estrategia Interamericana Integral para Combatir las Amenazas a la Seguridad Cibernética”. Con estos lineamientos se generaba una pionera instancia de cooperación internacional que, hasta el día de hoy, promueve el intercambio de información, la protección de infraestructura tecnológica y la capacidad de respuesta y resiliencia de los Estados firmantes.
Luego, entre 2005 y 2010, con la aparición de la banda ancha y la consecuente ampliación del tráfico de datos, también crecieron las posibilidades de las aplicaciones de Internet, sobre todo en los campos del audio, el vídeo y la interacción en línea. Estas nuevas aplicaciones, por supuesto, exigían nuevos marcos normativos nacionales y regionales ad-hoc. Y así lo entendieron los Estados latinoamericanos que reforzaron el primer marco regional con nuevos acuerdos comunes con miras a reforzar la ciberseguridad.
Un ejemplo de ello es la puesta en marcha del Programa de Seguridad Cibernética del Comité Interamericano contra el Terrorismo de la OEA -impulsado a través del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE). Este programa tiene por objetivo proveer “iniciativas de investigación, fortalecimiento de la capacidad técnica y desarrollo de políticas de ciberseguridad en las Américas. El programa se centra en 3 pilares: desarrollo de políticas, desarrollo de capacidades (incluyendo capacitación y ejercicios cibernéticos), e investigación y divulgación” -según informa el sitio web de la OEA.
En el ámbito del derecho internacional, en tanto, la misma OEA ha incentivado a que sus países miembros adhieran a convenios internacionales en materia de ciberseguridad como es el caso del “Convenio de Budapest sobre el Delito Cibernético”. Argentina, Chile, Colombia Paraguay, Costa Rica, Panamá y República Dominicana ya han ratificado su adhesión, ajustándose así a la legislación de la UE en materia procesal de estos delitos en específico.
Y en ámbitos nacionales, los gigantes México y Brasil, países líderes en tecnologías financieras (Fintech) dentro la región, ya han desarrollado regulaciones internas en esta materia; iniciativas que seguramente marcarán el camino a seguir para el resto de los Estados latinoamericanos.
Pero si la gran fortaleza de América Latina en el ámbito de la ciberseguridad son sus adelantados marcos normativos regionales, así como sus vanguardistas regulaciones a nivel nacional en los países punteros en materia de digitalización, debemos matizar este optimismo con la exposición de ciertas debilidades que, cabe señalar, están presentes, en menor o mayor medida, en todo el globo.
Algunos expertos distinguen tres debilidades principales en materia de ciberseguridad para América Latina: 1) Infraestructura tecnológica atrasada o desactualizada; 2) la masificación de los dispositivos móviles y por lo tanto de Android, sistema operativo muy frágil y expuesto al Malware; y 3) la falta de profesionales y técnicos con sólida formación en el campo de la ciberseguridad que puedan prestar su asesoría a instituciones y empresas.
Entonces, y si consideramos que la masificación del uso de Android la podemos sumar a los problemas de infraestructura, las estrategias a seguir para la región latinoamericana pasan por, atendiendo a criterios del BID: 1) fortalecer el control de riesgos a través del establecimiento de estándares para las organizaciones y tecnologías y por el 2) desarrollo del conocimiento en el sector de la ciberseguridad. Estrategias alcanzables, consideramos, en el mediano plazo, gracias a la ventaja de contar con marcos estratégicos y regulatorios previamente instalados.
Fuentes utilizadas en este artículo:
https://economipedia.com/definiciones/revolucion-digital.html
https://www.elperiodico.com/es/especiales/connecting-africa-desarrollo/internet.html
https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/35399/S2013070_es.pdf
https://ciberseguridad.com/normativa/latinoamerica/
http://www.oas.org/es/sms/cicte/prog-ciberseguridad.asp
Acerca del Autor de este Artículo
ANDRÉS FONSECA LÓPEZ
Licenciado en Filosofía, Máster en Psicología, Posgrado en Trabajo Social, Diplomado en Políticas Sociales, Pobreza y Territorio, Diplomado en Derechos Humanos de los Grupos en Situación de Vulnerabilidad.
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