Seguridad en México

Seguridad en México: ¿un Estado fallido?

Consideramos que abordar el fenómeno solo con hechos que impactan por su crudeza y cifras que inquietan por su proporción, inevitablemente pueden llevar al pánico y, consecuentemente, a la inmovilidad. 

Violencia en un país en desarrollo

La muerte de Victoria Esperanza Salazar, mujer salvadoreña de 36 años, en un operativo policial en el Estado de Quintana Roo en México el sábado 27 de marzo, es un episodio que ha generado repudio en redes sociales alrededor del mundo. Se trata de un caso en investigación, pero a simple vista, las imágenes que se han difundido en vídeo, nos remiten al procedimiento policial que le quitó la vida a George Floyd en EE.UU.

Pero esto no solo se entiende como un presunto acto de grave brutalidad policial, sino que, por lo sistemático de este tipo de situaciones en el país Azteca, es inevitable volver al debate sobre la seguridad en México. Este debate, que muchas veces finaliza con la sentencia de que México es lisa y llanamente un “Estado fallido”, decimos, está lejos de terminar. El mismo Estado tiene el imperativo moral de buscar salida a su situación en la medida que es garante de los derechos humanos.

México es un país próspero en varios y notorios aspectos. En el plano económico es considerado una economía emergente e incluso ha retomado su categoría de país industrializado. Forma parte de la OCDE y el G20. En el área socioeconómica, México exhibe un índice de desarrollo humano alto (0.779). Es heredero de una mixtura de riquísimas culturas ancestrales; de tradiciones coloniales y revolucionarias. Y, por supuesto, no podemos olvidar mencionar su patrimonio cultural, sus atractivos naturales y enorme biodiversidad.

Pese a todo lo anterior, contradictoriamente, tanto para los propios ciudadanos mexicanos como para la comunidad internacional, México ha ido adquiriendo -y hasta consolidando- la imagen de un país sometido por la violencia, sobre todo la ejercida por el narco. Y, efectivamente, las cifras de episodios violentos se disparan. Las estadísticas oficiales hablan de 36.661 homicidios dolosos en 2019, 34.515 en 2020 y, solo en enero de 2021, la cifra ya se alzaba en 2.831.

Sin embargo, consideramos que abordar el fenómeno solo con hechos que impactan por su crudeza y cifras que inquietan por su proporción, inevitablemente pueden llevar al pánico y, consecuentemente, a la inmovilidad. En cambio, un análisis causal, que apunte a las raíces de la crisis de seguridad que atraviesa el país norteamericano, puede dar luces de en qué estructuras e instituciones el Estado mexicano puede introducir reformas para avanzar en la solución de este problema que parece volverse crónico.

¿Estado fallido o crisis de seguridad interna?

El uso del concepto “Estado fallido” para referirse a México comenzó a masificarse el año 2008. ¿Los promotores de esta fórmula? Académicos y militares estadounidenses; tendencia a la que se sumaría la CIA. Con esa etiqueta podían reducir la crisis mexicana a una imagen simplona que combina elementos de corrupción, mafias y una ciudadanía a la deriva. Un guión que nada tiene que envidiar a Narcos México. Pero el análisis de seguridad de un país no es parte de la industria del entretenimiento y debe ir un poco más allá.

Por ello, los expertos en el tema sugieren que el uso de la noción de “Estado fallido” es impreciso. En sentido estricto, en México no habría un Estado fallido, sino que se atravesaría una profunda crisis policial y de seguridad interna. Algo preocupante, sin duda, pero que no involucra una trama como la imaginada desde el vecino del Norte. De hecho, en el sector de la seguridad, actores y analistas, conocen bien los antecedentes históricos y elementos actuales que dan forma a los problemas estructurales y focales de su área. Así mismo, pueden identificar las dificultades de reforma sobre el ámbito y, también, describen las posibilidades futuras para los distintos escenarios.

Los expertos concluyen que, efectivamente, la crudeza y alta proporción de las ejecuciones de parte del narco en México han creado una alta percepción de inseguridad. El fenómeno de las mafias del narco tiene su origen en la década del 80 del pasado siglo donde el país, por su posición geográfica, se convirtió en una región de paso para la droga que los capos sudamericanos exportaban a Estados Unidos. Por su éxito financiero han adquirido altos niveles de organización y poder de fuego.

Casi al mismo tiempo, México transitaba a la democracia. En ese proceso, mientras una serie de instituciones y estructuras estatales se modernizaban; la seguridad pública y la inteligencia policial no vivieron este proceso y no se pusieron a la altura de las nuevas formas de crimen organizado. Algo básico, opinan los analistas, es la necesidad de centralizar, coordinar y profesionalizar las policías. De hecho, fue la discusión levantada por los especialistas durante la última década.

Sin embargo, en la práctica ocurrió lo contrario. Recientemente, en diciembre de 2019, se disolvió la policía federal. En la actualidad en México existen policías de dependencia estatal y municipal. Esto resulta no solo contradictorio con los consejos de los expertos, sino que con la percepción de la ciudadanía en general que desconfiaba particularmente de las policías locales antes que de las federales. Esto, a tal grado que en distintos puntos del Estado desde hace años proliferan policías comunitarias: grupos autoorganizados por la población, que, aunque pueden estar reñidas con la legalidad, sí gozan de cuotas importantes de legitimidad ciudadana.

Con todo, y atendiendo a que el proceso de desmantelamiento de la policía federal no es reversible a corto plazo, investigaciones académicas como “Seguridad pública e impunidad en México: la policía local como problema y solución” sostienen que “existen evidencias disponibles que comprueban que sí es posible la reforma y que el cuerpo policial local sí puede combatir el delito de manera eficaz y responsable. Para efectuar un cambio tal, los gobiernos federal y locales deberán invertir en exhaustivos esfuerzos de reforma policial que generalizan capacidades investigativas y la debida capacitación de policías para cuando éstos interactúan con ciudadanos y víctimas”.

Dicho lo anterior, entendemos que urge la intervención directa a las policías locales, sobre todo con miras a la profesionalización y, sobre todo, a lograr otras formas de relación con la ciudadanía como son los proyectos de “policías de proximidad”. Policías ciudadanas que “se han implementado como una solución integral que respeta los derechos humanos en la prevención de la violencia, en contraste con las políticas represivas que anteriormente habían sido la norma en la región”.


 Fuentes utilizadas en este artículo:

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56541345

https://www.gob.mx/sre/fr/acciones-y-programas/mexico-y-el-grupo-de-los-veinte-g20

https://www.mexicosocial.org/asi-arranco-la-violencia-en-2021/

https://billieparkernoticias.com/reflexion-renovada-que-fallo-en-seguridad/

https://nuso.org/articulo/la-crisis-de-seguridad-en-mexico/

https://www.servindi.org/actualidad/83371

https://worldjusticeproject.mx/seguridad-publica-e-impunidad-en-mexico-policia-local-problema-y-solucion/

https://www.ciperchile.cl/2021/02/09/que-tan-efectiva-es-la-policia-de-proximidad-evaluando-los-casos-de-brasil-y-mexico/


Acerca del Autor de este Artículo

ANDRÉS FONSECA LÓPEZ

Profesional en Ciencias Sociales, Económicas y Gestión de Proyectos. Licenciado en Filosofía, estudios de Máster en Psicología y posgrados en Trabajo Social, Innovación y Emprendimiento. Especializado en Estudios del Desarrollo, Economía Política, Cooperación al Desarrollo y Derechos Humanos.


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