ataque venezuela

Muertes, agresiones y amenazas por parte de las FAES en Venezuela

Las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela preocupan mucho a los defensores de derechos humanos y a la comunidad civil,  ya que han ido en aumento en el último año. Muertes, agresiones y amenazas cometidas por las Fuerzas de Acciones  Especiales (FAES) han aumentado durante la cuarentena por el COVID-19.

Abuso de poder de las FAES venezolanas

Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) es un comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Venezuela, creado en abril del año 2016, en el marco de la crisis nacional.

Las FAES han sido señaladas de ser un instrumento político del presidente Nicolás Maduro. Han recibido acusaciones de ser un grupo de exterminio y represión a opositores. Incluso, han sido llamadas la “Gestapo venezolana”.

Las FAES resultaron “iguales o peores en materia de violación a los derechos fundamentales”, según Luis Izquiel, especialista en seguridad ciudadana.

Las Fuerzas de Acciones Especiales son responsables del 62% de las muertes cometidas por la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

En el primer trimestre de este año se registraron 357 presuntas ejecuciones extrajudiciales, según la ONG Comité de Familiares de las Víctimas.

Durante la cuarentena, las nuevas estrategias de seguridad del Gobierno han permitido a las FAES hacer uso de su poder en forma desmedida en el marco del Estado de Alarma. Esto ha derivado en actos más violentos como amenazas de muerte, detenciones, criminalización, judicialización y mayor censura.

Estos actos de violencia extrema han quedado en la impunidad, ya que tienen el apoyo total del presidente Maduro y nadie investiga los miles de casos, a pesar de que los hechos son evidentes y existen declaraciones y testigos.

No se aplican los mecanismos judiciales o investigativos para esclarecerlos, como ha venido ocurriendo hace varios años.

Los familiares de las víctimas no denuncian por temor a las represalias, ya que son amenazados por las FAES y el poder judicial no ejerce su función debido a la situación de provisionalidad de la mayoría de sus miembros. Lo que crea un clima de impunidad extendido.

“La esperanza para las víctimas, los defensores de Derechos Humanos y organizaciones de sociedad civil, es que el Estado aplique las recomendaciones hechas por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en su informe sobre la situación de Venezuela”. (DW)

Entre las recomendaciones hechas por la Alta Comisionada está la disolución de las FAES y realizar  investigaciones  independientes para atender a las víctimas.


Ejecuciones extrajudiciales, el otro virus de Venezuela

Ron González

Caracas, 6 ago (EFE).- La madrugada del 13 de marzo de 2019 la Policía ingresó a la casa de Luis Alfredo Ariza en el barrio pobre de Macarao, en el oeste de Caracas, y lo detuvo bajo acusaciones que aún al día de hoy, no están claras. Minutos después, en una calle cercana a su vivienda, lo ejecutaron de un disparo en el pecho.

Es la versión que repite desde ese día su madre, Miriam Gamarra, con base al relato de testigos y de la viuda de Luis Alfredo, que ese día dormía a su lado cuando los funcionarios de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana -conocida solo como FAES- irrumpieron en la casa aquella fatídica madrugada.

“Yo sé que aquí nadie tiene el derecho de quitarle la vida a nadie, pero una de las cosas de las que yo me agarro es que mi hijo no era ningún delincuente”, dijo a Efe Gamarra, sollozando ante el recuerdo de quien fuera su único hijo.

La mujer de 40 años tiene grabados a fuego los detalles de ese 13 de marzo: iba camino a su trabajo cuando asesinaron a su hijo, las casas de ladrillos naranja de Macarao fueron testigos de su retorno apresurado al barrio cuando una llamada le alertó del suceso.

Pero ya no vio más a su hijo, solo un arma -que insiste no era de él- junto a una gorra negra y un charco de sangre en el lugar en que lo asesinaron.

Nunca olvidará cómo la sangre de Luis Alfredo manchaba la calzada.

MUERTOS POR “RESISTIR A LA AUTORIDAD”

Según un informe de febrero pasado del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), durante 2019 murieron en el país caribeño 2.113 menores de 30 años por resistir a la autoridad. Casi 6 cada día.

Y en otro informe más reciente, la ONG detalló que durante 2019, por cada 1.000 muertes violentas causadas por los delincuentes, la Policía produjo otras 802, como si la justicia se tratase de un “ojo por ojo”.

El dato, dijo a Efe el director de la OVV, Roberto Briceño León, es “altísimo” y permite asegurar que la Policía venezolana es una de las que más muertes causa en el mundo, si se atienden a las proporciones entre población y fallecimientos en enfrentamientos.

“La Policía venezolana mata 40 veces más que la Policía estadounidense, y si lo tomas en comparación con otro país como Brasil (…), la Policía venezolana mata 7 veces más que la Policía brasileña”, dijo Briceño León a Efe.

Los datos de la OVV también señalan que un civil tiene 110 veces más probabilidades de morir en un enfrentamiento que un policía.

“Siendo así, ¿esos individuos son delincuentes, son especialistas, significaban realmente una amenaza, que los matan tanto?”, se preguntó Briceño León.

El especialista señaló que muchos de los casos se producen luego de un allanamiento de morada sin orden judicial previa, la captura del acusado y su posterior muerte tras lo que la Policía reporta fue un enfrentamiento, pese a que la víctima ya estaba bajo custodia de las autoridades y sin arma.

MUCHAS MUERTES, UN PATRÓN

Este es el patrón que llevó al deceso de Luis Alfredo Ariza, según los reportes de sus familiares y defensores.

“(Explicaron) que hubo un enfrentamiento, el informe (policial) dice que él estaba caminando por ahí y estaban pasando los funcionarios, le dieron la voz de alto y que él se enfrentó a ellos, cuando a él lo sacaron de la casa”, dijo a Efe entre lágrimas su madre.

En un caso similar, perdió la el joven Jessé Gabriel Pérez, el 11 de julio de 2018 cerca de Santa Lucía, en otra población pobre y llena de dificultades del céntrico estado de Miranda.

“Irrumpió el FAES como a las 5.30 de la mañana aproximadamente, llegaron golpeando, amenazando, robando, se llevaron varias personas presas y posteriormente mataron a mi hermano. Lo ajusticiaron ahí mismo, donde vivimos”, dijo a Efe Ruth Pérez.

El suceso aún causa dolor a esta ama de casa de 36 años, madre de dos mujeres jóvenes que crecieron viendo como la violencia desgarra su familia y su comunidad.

“El FAES volvió a irrumpir 8 meses después (de la muerte de Jesse), golpearon a mis hijas, a mi hija mayor la desnudaron, mataron a dos vecinos más (…), un funcionario me dijo que si le daba la gana me mataba, sacó su arma de reglamento y me la puso en la cara”, recordó.

En el expediente reposa que Jessé Gabriel Pérez se resistió a la autoridad, advirtió su hermana Ruth.

Pero al mismo tiempo, puso en duda la versión oficial y destacó que a su hermano, antes de morir, jamás se le acusó de nada.

LAS FAES, UN CUERPO CUESTIONADO

En julio de 2019 la alta comisionada de la ONU para los DD.HH., Michelle Bachelet, recomendó en un informe sobre la situación venezolana disolver las FAES por la presunta vinculación de sus efectivos en ejecuciones extrajudiciales.

Y en septiembre de ese mismo año, Bachelet afirmó en su actualización del informe que su oficina “ha seguido documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las FAES en algunas zonas del país”, al tiempo que lamentaba que no se hubiera seguido su recomendación de disolver esa fuerza policial.

La expresidenta chilena no fue la primera en apuntar a las FAES por presuntas violaciones a los derechos humanos, pero sí la figura de mayor peso en hacerlo.

Sus declaraciones de entonces envalentonaron a la oposición venezolana y a familiares de las víctimas, que denunciaron la represiva política policial del Gobierno de Nicolás Maduro.

Pero el mandatario no solo esquivó las críticas, sino que salió en defensa de las cuestionadas fuerzas especiales, que definió como “una necesidad para la paz” de Venezuela.

“Tienen todo mi apoyo, todo el apoyo institucional, legal (y) constitucional para que desarrollen sus funciones”, aseveró Maduro en un acto de graduación de policías en diciembre de 2019, mientras denunciaba la presunta existencia de “una campaña mundial” para eliminar ese cuerpo policial.

EL APOYO DE MADURO, “INASUMIBLE”

Este apoyo de Maduro a las FAES es “inasumible”, dijo a Efe la cofundadora de la ONG Cofavic, que defiende los derechos humanos, Liliana Ortega.

“Es harto conocido por las cifras oficiales de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por las cifras de las ONG en Venezuela, que hay un grave problema de ejecuciones en los procesos que desarrollan las FAES”, agregó.

Desde 2012 hasta marzo de este año, Cofavic identificó 11.328 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales.

“El 71 % de estos casos ocurren bajo operativos de seguridad especiales, más del 90 % en zonas vulnerables”, dijo Ortega, dibujando sin pretenderlo el tipo de operaciones que adelanta la FAES en los barrios pobres de Venezuela.

En todo caso, apuntó que cuando se habla de la Policía en Venezuela debe hablarse de una “reestructuración a fondo” y del fin de la impunidad a través de la Justicia, un paso necesario para que los familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales puedan cerrar una etapa dolorosa.

“El 99 % de los casos de violaciones de derechos humanos no llegan a juicio, (y) ese mensaje tan nocivo para los presuntos criminales y para quienes se desvían de sus funciones policiales es un contexto apropiado para multiplicar la violencia”, señaló. EFE


Oferta Formativa

Máster en Gestión Integral de Conflictos: Mediación, Seguridad y Convivencia

El Máster Universitario en Gestión Integral de Conflictos es un titulo oficial de la Universidad Telemática Pegasoy reconocido en el Espacio Europeo de Educación Superior, dando acceso al Programa de Doctorado.

El Máster Universitario en Gestión Integral de Conflictos, destaca por su enfoque pedagógico teórico -práctico, que lo hace único, ya que abarca todos los ámbitos de la gestión de conflictos de una forma transversal, totalmente novedosa y pionera en la materia. Se trata de unos estudios abiertos a todas las especialidades, profesionales y titulaciones que trabajan en este campo.

Más información en nuestra página https://www.iniseg.es/criminologia/masteres-oficiales/master-en-gestion-de-conflictos.html

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this pageEmail this to someone

Dejar una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


*

6 − seis =